Cuando hablamos sobre el futuro del D.F. el diálogo de la sociedad se centra en el estado de derecho, el de las autoridades en el urbanismo. En otras palabras, los ciudadanos pedimos que las construcciones y negocios sean legales, la autoridad se limita a contestarnos que lo que autoriza es lo que le conviene a la ciudad.
La Secretaría de Desarrollo Urbano lleva varios años presionando para lograr modificaciones de usos de suelo en áreas protegidas con programa parcial, zonas patrimoniales y áreas de conservación con argumentos tales como que esta ciudad puede convertirse en la “Nueva Dubai” o el “Nuevo Manhattan” o cualquier otra ciudad cosmopolita que pudiera resultar atractiva.
Nuestra contestación ha sido siempre que somos y seguiremos siendo “México Distrito Federal”. No buscamos ser Nueva York con sus grandes edificios, buscamos banquetas que puedan transitarse, limpieza en las calles, respecto a nuestras áreas verdes, alumbrado que permita mayor seguridad, servicios básicos para todos, transporte público accesible, la conservación de nuestro patrimonio y muchas otras cosas más.
En el debate que está sobre la mesa entre los ciudadanos, la ALDF y las autoridades hay un abismo en la diferencia de planteamientos.
La sociedad exige, entre otras cosas:
- Sanciones a los funcionarios omisos que no han detenido las construcciones ilegales que han dañado tan severamente muchas colonias y a los que permiten que operen los establecimientos mercantiles sin cumplir con las normas
- Alto a la demolición de las casas y construcciones catalogadas como patrimonio de nuestra ciudad
- Alto a las invasiones toleradas y hasta permitidas de áreas de conservación como es el caso de Chapultepec
- Modificar las leyes para dejar claras las responsabilidades de funcionarios de delegaciones, INVEA y SEDUVI en cuanto a quién debe verificar y quién clausurar
- Eliminar los artículos de las leyes que permiten que SEDUVI y la jefatura de gobierno sean quienes autoricen qué se construye, qué negocios operen y cómo cambiar según les parezca los planes delegacionales de desarrollo urbano
- Incluir en el plan general de esta ciudad el mapa de riesgos para evitar tragedias ocasionadas por derrumbes debido al tipo de subsuelo que tiene la ciudad
- Elaborar un reglamento para la ley de desarrollo urbano del 2010 (el vigente es del 29 de enero del 2004)
- Evitar la especulación inmobiliaria que se ha presentado por los grandes desarrolladores que han comprado predios en zonas unifamiliares a precios muy bajos sabiendo que se iba a modificar la ley. Hoy se observa el inicio de la construcción de edificios todavía ilegales y el consiguiente aumento de los prediales de la zona y saturación de servicios
- Diferenciar entre zonas patrimoniales culturales y zonas turísticas, ya que claramente se ha buscado aprovechar la condición de las primeras y con la justificación del “turismo” abrir una serie de negocios ahora prohibidos en las áreas de conservación patrimonial
- Definición clara de lo que es patrimonio. Hoy la ley permite que prácticamente cualquier elemento o construcción se declare como “patrimonio” y la ley faculta a SEDUVI a darle al patrimonio “el uso de suelo que le convenga”
- Crear un plan de ciudad cuya implementación inicie dentro de 2 o 3 años, una vez corregidas las lagunas legales existentes y una vez que en los lugares donde se busque hacer cambios importantes se haya hecho la consulta pública, dotado de la infraestructura y servicios necesarios
- La sociedad exige respeto a la ley y una ley que sea respetable
Hasta ahora no ha habido una respuesta a estos puntos por parte de la autoridad, ésta se limita a contestar lo siguiente:
- Se ha elaborado un plan de ciudad tan extraordinario que logrará por fin colocarla a la altura de las grandes ciudades del mundo y que hará de esta ciudad un lugar que ni los capitalinos podremos reconocer
- La reactivación del CONDUSE (consejo asesor para el desarrollo urbano sustentable). Este consejo que estuvo activo en 2007-2008 contó con la participación de extraordinarios académicos y especialistas combinada con ciudadanos que se encargaban de lucrar operando directamente con las delegaciones exigiendo dinero a quienes querían construir o abrir negocios en las diversas colonias. De esta forma, se obtuvieron recomendaciones de gran utilidad combinadas con recomendaciones que resultaban absurdas y que iban dirigidas precisamente a seguir permitiendo esta opacidad legal que llevan a grupos a hacer negocio por falta de claridad en las leyes.
- La creación de “Comités de Notables”, un grupo de personas que podrá decidir a quién en nuestras colonias se le permitirá construir lo que no está autorizado
- Subraya la urgencia de implementar hoy la modificación de usos de suelo, o sea, que inicie la construcción de todos los edificios ya pactados (no regulares) y con el tiempo se irán dotando los servicios e infraestructura que se van a requerir
- No habla de sanciones a funcionarios omisos
- No habla de eliminar las lagunas legales en cuanto a permisos, licencias, verificaciones clausuras
- No habla de aclarar conceptos como “zona de desarrollo estratégico”, transferencia de potencialidad, polígonos de actuación (que aparecen en la ley de desarrollo urbano 2010)
- La presencia de importantes empresas constructoras de China y España que vendrán a cambiar nuestra ciudad
- Las autoridades no quieren hablar de certeza jurídica y plantean un diálogo inmobiliario de crecimiento de ciudad
No puede haber un verdadero plan de desarrollo urbano de la ciudad si las leyes que se utilizarán para implementarlo tienen vicios graves de origen.
La sociedad exige un ESTADO DE DERECHO, la autoridad ofrece a cambio SU PROYECTO DE CIUDAD EN EL QUE NO NOS HAN INCLUIDO.
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