30 de julio de 2006, Plaza de la Constitución, Ciudad de México. El entonces candidato de la coalición “Por el Bien de Todos”, Andrés Manuel López Obrador, anunció el inicio de lo que hasta ahora se considera el plantón más grande de la historia que ha vivido nuestra ciudad. A más de cinco años de este suceso, la principal repercusión provocada por el mal uso del espacio público en complicidad con el mandatario en turno, encarnada entonces por el Jefe de Gobierno “sustituto” Alejandro Encinas, ha sido el desgaste progresivo en la autoridad de la policía capitalina.
En ese entonces, la ciudad pudo vivir en tiempo real la destrucción de la actividad económica de una de sus zonas más turísticas y de actividad terciaria; según la COPARMEX en un artículo publicado por el El Universal, en 16 días de plantón, es decir a la mitad de su duración, se calculó una pérdida económica de casi 3 mil millones de pesos. Asimismo, socialmente se nos arrebató por un tiempo indefinido, sujeto al capricho de una persona, la posibilidad de utilizar el espacio público de la avenida más emblemática de la Ciudad, generando caos e incertidumbre en zonas aledañas y ofreciendo al mundo una imagen deplorable de nuestra democracia.
Sin embargo, pareciera que “una vez muerto el perro, se acabó la rabia”; pero este hecho que duró más de lo esperado (47 días), trajo como consecuencia un efecto colateral progresivo que en términos económicos no podríamos calcular con precisión; sin embargo social y culturalmente podemos afirmar que regresamos a la época de la ley del más fuerte, haciendo añicos el poco respeto que le teníamos a la autoridad capitalina. Con la actitud de Alejandro Encinas como Jefe de Gobierno en turno, se envió un mensaje venenoso y letal para la vida cotidiana en nuestra urbe al quitar toda autoridad moral a la policía.
De ahí en adelante las cosas han cambiado dramáticamente en torno al uso del espacio público y al caso que se le hace a los tan maltrechos “polis” que resguardan el orden público. Semáforos en rojo, vueltas prohibidas, invasiones en cruces peatonales, estacionamiento en doble fila, ya no son hoy reglas sancionables por la autoridad. Con excepción de las cámaras infractoras por exceso de velocidad, que no funcionan a criterio personal sino que capturan la imagen del transgresor en automático, la ley ni se observa por ciudadanos, ni se aplica por policías. Todo queda ya a criterio de la hora del tráfico, el cruce que se pase y la decisión personal de cada automovilista, ciclista, operario de transporte público o peatón.
Este desgaste provocado por aquel lamentable hecho del plantón en Paseo de la Reforma, sigue desdoblando sus efectos colaterales en el uso que le damos hoy en día al espacio público. Y no tenemos que echar mucho la vista atrás, fue nuevamente el festejo patrio del 15 de Septiembre, la única institución capaz de sacar al SME del Zócalo capitalino. También en días recientes vimos como las “Ladies de Polanco” pasaron por encima de la policía, que sin capacitación ni autoridad moral, pudieron detenerlas. Hemos llegado ya a la ruptura del último eslabón de la cadena: la propia autoridad que infringe las reglas de tránsito y convivencia de nuestra metrópoli. Dándose vueltas prohibidas en horas pico y solapando el ambulantaje en cada vez más áreas de la ciudad, llegando al descaro de resguardar el orden público en el Centro Histórico ante la presencia de vendedores ilegales que anuncian en su presencia, entre otros productos piratas, programas para “robarse la señal de Internet”.
Sin lugar a dudas estos efectos colaterales, consecuencia de solapar el atropello a la ley por quien debe hacerla valer, seguirán multiplicándose en detrimento de la calidad de vida de quienes habitamos la siempre compleja y dinámica “ciudad de la esperanza”, la “ciudad de vanguardia”, hasta en tanto no trabaje el propio gobierno en recomponerse a sí mismo.
Concilio Urbano Septiembre de 2011
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